El de ayer no fue el mejor día en la vida del fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad. A primera hora de la mañana agentes policiales y judiciales al mando de la auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y la fiscal Gisella Paolicelli, allanaron su departamento de bulevar Oroño al 1200 en el marco de una causa en la que se trata de dilucidar quién, desde el interior de la fiscalía, suministró información a una asociación ilícita dedicada a extorsionar a empresarios y manejar casas de juego clandestino en nombre de la banda de Los Monos.
Cuando aún el funcionario público no salía del estupor, en una audiencia imputativa que contó con la presencia del fiscal general de la provincia Jorge Baclini, uno de los acusados de integrar la asociación ilícita bajo la lupa judicial denunció que fue el propio Ponce Asahad la persona a la que le pagó desde diciembre de 2018 una coima de entre 4 mil y 10 mil dólares por mantenerlo al tanto sobre posibles investigaciones en su contra. Se trata de Leonardo Andrés Peiti, con reiteradas causa por controlar empresas de juego ilegal, y que el miércoles se presentó ante la Justicia tras ser buscado por más de una semana. En su declaración, Peiti también mencionó como partícipe de la maniobra a Patricio Serjal, jefe de fiscales de la Regional Rosario.
“Es una barbaridad”
“Es una barbaridad que se me vincule a una organización como la banda de Los Monos”, dijo dolido y molesto el fiscal Ponce Asahad al enfrentar a la prensa segundos después de que los efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) culminaran el allanamiento a su domicilio, a donde llegaron sin orden de detención alguna. Además, el propio fiscal confirmó que había pedido ser separado de sus tareas hasta que se profundice la investigación en la que deberá dilucidarse si incumplió con sus deberes al mantener contacto con uno de los integrantes de la banda imputada.
“Si ésto es o no una operación (política), el tiempo lo dilucidará”, dijo Ponce Asahad. “Lo que voy a pedir mediante mis abogados es que se investigue cómo desde el MPA se filtra información a los periodistas. No los acuso (por anticipar información), sino que me llama la atención que en un procedimiento cerrado, con la presencia de la auditora de gestión, la fiscal y la TOE, en los medios se lea lo que estaba ocurriendo dentro de mi domicilio”, explicó.
“No quiero hacer especulaciones. Todo lo que tenga que responder lo voy a hacer ante la Justicia”, dijo. Y concluyó tajante: “Creo en la Justicia provincial y fundamentalmente en la Corte Suprema de Santa Fe”.
El lunes Ponce Asahad dejará el sitio de los fiscales para ocupar el banquillo de los acusados. Sus pares de la Agencia de Criminalidad Organizada lo imputarán en una audiencia por exacciones ilegales, utilización de información privilegiada, alteración de evidencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de persecución.
Hoguera de rumores
Los últimos días los pasillos de la Fiscalía Regional 2ª y del Centro de Justicia Penal fueron una hoguera de rumores y miradas desconfiadas. Todo empezó a partir de una audiencia realizada el 23 de julio en la que se expuso una trama de extorsiones a empresarios y el funcionamiento de una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario. Entonces se ventiló que el 10 de enero un funcionaro del MPA había tenido contacto mediante WhatsApp con un integrante de la banda investigada que le pidió intervenir a favor de dos hombres de la gavilla apresados un día antes. La información generó gran revuelo en la Fiscalía Regional y eso motivó que la auditora general del organismo impulsara una pesquisa para identificar a esa persona.
Más allá de esa investigación y mientras el domicilio de Ponce Asahad era allanado, se supo que Leonardo Peiti iba a ser imputado a la tarde como parte de esa asociación ilícita, extorsión en grado de tentativa en calidad de coautor, cohecho y administración ilegal de juego.
Al momento de hacer uso de la palabra, Peiti primero esgrimió su defensa y luego pidió acogerse a la figura del arrepentido. Entonces dijo que le pagó a Ponce Asahad entre 4 mil y 10 mil dólares desde diciembre de 2018 para que lo tuviera al tanto sobre posibles investigaciones en su contra y que el funcionario le dijo que la plata no era solo para él sino también para su jefe, Patricio Serjal. Además contó que todos los encuentros que mantuvo con el fiscal fueron en bares cercanos a Oroño y Mendoza, lugar donde reside el cuestionado funcionario.
Los imputados
En la audiencia del 23 de julio cinco personas fueron acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a empresarios y manejar una red de juego ilegal. La segunda línea la conformaban José Sebastián Perlo, Flavia Broin y el dominicano Otnniel Almonte De León. Además, el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi (ex jefe de la Unidad Regional VI) ocupaba el rol de brindar auxilio a integrantes de la organización cuando éstos eran detenidos y administraba los negocios ilícitos relacionados con el juego clandestino, a tal punto que fue detenido el lunes 20 de julio al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo. Y Maximiliano “Cachete” Díaz fue acusado como el organizador del grupo y por participar de extorsiones al Sindicato de Peones de Taxis que incluyeron varias balaceras además de organizar el ataque del 11 de enero al casino City Center en el que murió de un tiro el contador Enrique Encino.
En aquella audiencia se ventiló que dos días antes de ese fatal ataque Hernán “Chema” Quinteros y Claudio Ricaldez, dos hombres de la banda prófugos, habían sido detenidos con armas por Gendarmería. A partir del peritaje de un teléfono de “Cachete” Díaz, los investigadores supieron que éste le pidió a Peiti, según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que moviera sus contactos para lograr la liberación de los detenidos.
Peiti primero se contactó con el ex comisario Torrisi, quien le dijo que no podía hacer nada porque el operativo era de Gendarmería y ya estaba judicializado. Frente a eso, según los fiscales, Peiti se contactó por WhatsApp con alguien del MPA que le respondió que no tenía la causa pero que iba a intentar meter “un comentario”. Esa respuesta que salió desde la fiscalía se la reenvió a “Cachete” Díaz para que le quedara claro no solo que había efectuado la consulta, sino que le habían respondido. Y eso abrió la Caja de Pandora en el MPA.
Y como a ese caldo le faltaba sazón, el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, le señaló que “fue un fiscal y no un empleado de la fiscalía” la persona que brindó esa ayuda a una organización criminal.
“Yo no filtré información”
En los últimos días la investigación pasó del expediente al territorio y los pesquisas allanaron la casa de Nelson U., un empleado de fiscalía que trabaja junto a Ponce Asahad y al que le secuestraron su celular. Su suerte está ahora bajo investigación de la auditoría encabezada por Vranicich.
Ayer a la mañana fue el turno del propio fiscal, a cuyo departamento llegaron los agentes de la TOE. “Es una barbaridad que se me vincule a la banda de Los Monos”, dijo Ponce Asahad en el ingreso al edificio en el que reside. “Yo no filtré información. El día del hecho que se investiga ni siquiera estuve conectado al sistema. Fue un día en el que tuve varias audiencias en el Centro de Justicia Penal. No ingresé al sistema y tampoco mandé ningún WhastApp”, indicó.
“Entraron al sistema en una franja horaria determinada, hubo una captura de pantalla donde hay una data que no se cuál es pero que tendría vinculación con esta causa. Ese día yo no entré al sistema”, dijo el fiscal flanqueado por sus abogados, Franco Gardelli y Fernando Mellado.
“Le presenté a la señora auditora por escrito mi suspensión provisoria en el cargo que desempeñaba hasta que la investigación llegue a última instancia”, dijo Ponce Asahad, quien estab a cargo de la Unidad Fiscal especial para los delitos relacionados a la violación de la cuarentena.
“Puse en manos de la autoridades mis dispositivos electrónicos, mi computadora, mi teléfono, pen drives y elementos de trabajo. El procedimiento de la TOE y la fiscal Paolicelli fueron impecables. También estuvo presente como veedora la doctora Vranicich, que para mí es la gran garantía de transparencia en el MPA”, concluyó Ponce Asahad.
“Es un golpe institucional muy fuerte”
El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, consideró que el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, debería dar un paso al costado en su cargo de conducción. Lo hizo tras escuchar la acusación que hizo el imputado Leonardo Peiti la tarde de ayer y considerar esos dichos como algo “sumamente crítico” para el Ministerio Público de la Acusación. “Presenciamos la audiencia para escuchar lo que decía de primera mano el señor Peiti. Envié a la doctora (la auditora del MPA Cecilia) Vranicich al allanamiento en la casa del doctor (Gustavo) Ponce Asahad para garantizar la transparencia del procedimiento. Y hablé con el doctor Serjal para decirle que evalúe la situación porque consideramos sumamente grave lo que ha ocurrido”, sostuvo.
Baclini calificó como “un daño terrible y un golpe institucional muy fuerte” lo surgido contra los dos fiscales de Rosario. E indicó que se remitirán a la Legislatura los detalles de la audiencia imputativa en la que Serjal fue implicado para que se evalúe su conducta. El fiscal regional de Rosario ya tiene un procedimiento disciplinario previo abierto hace nueve meses por la compra de dos vehículos 0 kilómetro a un empresario al que 29 días antes le había ordenado archivar una causa penal por un delito económico.
Fuente: La Capital
La entrada Denuncian que dos fiscales cobraban para proteger a una organización criminal en Rosario se publicó primero en La Crítica.
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