La emergencia ocupacional fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Alberto Fernández, pues rige desde el 13 de diciembre pasado. En un principio estaba pensado para afrontar los meses de recesión como arrastre estadístico, probablemente el primer semestre del año. Pero la pandemia del COVID-19 profundizó los males económicos, y entonces la llamada doble indemnización regirá hasta comienzos del 2021.
El propio DNU que consagra esto habla de los efectos del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” como factor central en la economía actual. Con esta medida, el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y la reapertura de actividades económicas, se buscan atemperar los efectos negativos de la cuarentena sobre la desocupación.
Según distintas estimaciones y estadísticas, se perdieron alrededor de 900.000 puestos de trabajo informales (“en negro”) y 200.000 registrados (“en blanco”). Una situación que no llega a la gravedad de lo que ocurrió en ese ámbito en Estados Unidos, Gran Bretaña o Brasil, entre otros países.
Fuente: Noticias Argentina
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