miércoles, 22 de enero de 2020

Advierten que sin plan económico, Guzmán no logrará una negociación rápida de la deuda

Alberto Fernández aseguró que quería una renegociación rápida de la deuda, pero durante el primer mes de gobierno no hubo comunicaciones formales con los acreedores. En cambio se abrió una cuenta de mail para recibir propuestas de parte de los bonistas, pero hasta el momento no hubo una propuesta oficial.

Guzmán dijo ayer que no era el momento de dar a conocer la propuesta de reestructuración del Gobierno, pero del otro lado consideran que Alberto Fernández desde las PASO sabe que el mercado lo dio por ganador de las elecciones (y por eso llevó el dólar a $60, el valor que él había sugerido como aceptable en la campaña). Desde su perspectiva, el gobierno no puede esgrimir que hace solo un mes que agarró esta “papa caliente”, sino que hace cinco meses que esperan por definiciones.

Precisamente, un grupo de bonistas le reclamó ayer a Kicillof la falta de un plan económico sólido que muestre de dónde provendrán los recursos con los que les va a pagar a los acreedores y exigió que este plan exista para sentarse a negociar de buena fe.

Guzmán hace hincapié en que los acreedores son “coautores” del endeudamiento espurio del gobierno de Cambiemos y por lo tanto los llama a reconocer su error al prestarle dinero al país y a colaborar en una salida prolija de la crisis de deuda. Según el ministro, ellos eran conscientes de las probabilidades de impago y por eso la tasa de interés era tanto más alta que la del resto del mundo.

Sin embargo esa coautoría difícilmente sea un argumento válido en los tribunales extranjeros: “Los tribunales miran primero los contratos y recién en segunda instancia miran el contexto en el que se generaron. Igualmente la Justicia en Nueva York funciona distinto, busca que las partes lleguen a un acuerdo consensuado bajo la supervisión del tribunal y, si no hay acuerdo, recién ahí interviene”, dijo a LPO una fuente experimentada en canjes de deuda.

Guzmán también les recordó ayer que un default no les conviene ni a los bonistas ni al Estado, pero el punto de los acreedores es asegurarse que pierdan menos con la reestructuración. Si los bonistas acceden primero a postergar los vencimientos de la deuda de la provincia de Buenos Aires ahora y luego lo que les ofrecen es peor que litigar, se encontrarían que solo los hicieron perder el tiempo. Es en este sentido que a Kicillof le pidieron una propuesta enmarcada en un plan económico integral y sólido con el que les garanticen el pago de la deuda.

El problema es que, pese a los grandes lineamientos de Guzmán, no hay Presupuesto nacional y no hay plan definido. No se conoce cuál es el objetivo de déficit fiscal, de creciemiento, de inflación promedio anual y de tipo de cambio. En palabras del economista de la consultora Ledesma, Gabriel Gómez Caamaño: “Las medidas son el plan”. O más en criollo, el plan se hace al andar. Y de esta forma se perdieron los meses de la transición de gobierno para armar una estrategia conjunta con las provincias.

Mientras el ministro Guzmán asegura que va a haber coordinación con la política monetaria, hasta el momento las definiciones han sido vagas, no hay un horizonte de superávit fiscal con el que empezar a pagarles a los acreedores. Tampoco hay una propuesta que explicite que el gobierno tiene la intención de no pagar deuda durante estos cuatro años -una hipótesis que gana fuerza entre los analistas-, más bien lo que hay es una línea rectora que dice que primero hay que despejar rápido la deuda y luego sentar las bases para estimular la economía y volver a crecer.

“Claramente no va ser tan rápida la renegociación. Lo de provincia de Buenos Aires es un dato en ese sentido y también en que, si a los tenedores de bonos no se les baja un plan consistente, es mucho más difícil lograr una solución ordenada. Acá les pedimos que reestructuren para luego, en base a eso, armar un plan que nos permita crecer y pagarles. Pero es al revés, nosotros deberíamos contarles cual es el plan que cierra con la propuesta de reestructuración, para que ellos crean que les vamos a pagar en los nuevos términos. Y que no van aceptar una pérdida ahora para terminar teniendo el mismo problema después”, resumió Gómez Caamaño.

El plan también lo va a pedir la oposición en el Congreso la semana próxima cuando se trate el proyecto de Ley que le otorga a Guzmán amplias facultades para renegociar la deuda, cuyo contenido bien podría haber sido redactado dentro de la Ley de Solidaridad. El proyecto pide al Congreso que reconozca que la sustentabilidad de la deuda es prioritaria, pero no define a qué porcentaje del PBI debería reducirse la deuda y en qué plazos para considerarse sostenible.

En su lugar, lo que hay son especulaciones de analistas que prueban distintos escenarios y que hablan de quitas del 20% del capital, recortes de las tasas a la mitad, dos a cuatro años de gracia con capitalización de intereses y diferentes “exit yields” que podrían hacer más o menos aceptable el canje para los bonistas.

“El gobierno debería estar tomando una iniciativa, despejando las dudas de los bonistas y ajustando la propuesta en un proceso interactivo antes de llegar a su presentación formal. Actualmente es muy incipiente ese proceso. Es cierto que hay algunos acreedores que están muy impacientes por la falta de definiciones y el problema es que la impaciencia es contagiosa. De cualquier modo, en la medida en que se avance en el proceso, ese malestar pasa a ser anecdótico; pero por ahora la propuesta no va a estar”, agregó una de las fuentes consultadas.

Por lo pronto, los acreedores no acompañaron a Kicillof en el diferimiento voluntario del pago de los 250 millones de dólares de capital que vencen el próximo domingo, por lo que el 5 de febrero la provincia de Buenos Aires podría entrar en default. De repetirse este mismo escenario el 7 de mayo con la amortización del Bonar 2024 por 3.270 millones de dólares, la Nación también entraría en cesación de pagos.

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